“CISNES NEGROS” EN LA MINERÍA: Cuando lo impensable ocurre

La incapacidad de los sistemas convencionales para predecir desastres de gran magnitud fue uno de los temas centrales del 1er. Summit “Eventos Catastróficos en la Minería Chilena”. Destacadas autoridades y expertos repasaron la historia y anticiparon factores que incidirían en escenarios potencialmente complejos.



Por Alfredo Galleguillos Castro

Santiago, octubre 2013.- Hasta 1697 se creía que los cisnes negros no existían. Por siglos el término se usó en Europa como metáfora para aludir a conceptos o acontecimientos imposibles o, al menos, inexistentes. Sin embargo, ese año, una expedición holandesa realizó el hallazgo que nadie esperaba. En un río de Australia, los exploradores descubrieron cisnes negros.

La Teoría del Cisne Negro, formulada en 2007 por el matemático Nicholas Taleb, plantea la incapacidad de los sistemas de cálculo convencional para predecir acontecimientos de naturaleza extrema, fuera del dominio de las estadísticas. Lo que, en ocasiones, llamamos catástrofes. Esos cisnes negros estuvieron presentes durante el 1er. Summit “Eventos Catastróficos en la Minería Chilena”, que se realizó en el Colegio de Ingenieros y que organizó la consultora Metaproject. El evento contó con el patrocinio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y la Asociación de Ingenieros Consultores.

Fue tal la actualidad del tema, que hubo un momento de asombro en el auditorio cuando se informó que, al mismo tiempo que se efectuaban las ponencias, un nuevo cisne negro se había hecho presente: la espectacular explosión de un camión que transportaba gas natural en una estación de combustibles en pleno centro de Viña del Mar.

"Los CEO's actúan como si los cisnes negros no existieran", asegura Manuel Viera.

Manuel Viera, director de la Escuela de Minería de la Universidad de Las Américas y CEO de Metaproject, manifestó que los grandes pasivos mineros en Chile han tenido características de cisne negro, “por haber sido considerados raros en su ocurrencia y catastróficos en sus consecuencias”. Calificó como paradoja que la mayoría de los CEOs “actúen como si los cisnes negros no existieran y dada su probabilidad sumamente baja no se preocupan por ellos”.

El “fraude intelectual”

Calcular el riesgo minero según la lógica de la curva de Gauss, a su juicio, representaría un “fraude intelectual”. El paradigma pondría su foco en los promedios, lo que el ejecutivo califica “lo mediocre”. Lo grave vendría de que las situaciones verdaderamente extremas son de escasa frecuencia, lo que el modelo estadístico empuja hacia los márgenes de la curva, reduciendo su importancia relativa “en forma exponencial”. El experto propone superar los modelos deterministas y avanzar hacia paradigmas más complejos, como la Teoría de Fractales, e integrar indicadores externos a la normalidad aparente.

El doctor Alberto Maturana, ex director nacional de Onemi y consultor en materias de prevención, enfatizó la trascendencia de un adecuado asesoramiento
en materia de riesgos. Reveló que los grandes desastres de origen natural, según la aseguradora Munich Re, han multiplicado por nueve el costo de sus efectos, considerando el período entre 1950 y 2000. “Los grandes desastres naturales cuestan al menos el 1% del PIB. Pero no es todo, también causan daños muy profundos en la calidad de vida de las personas y en el medio ambiente”, señaló.

"El año 2010 fue uno de los peores del pasado reciente", dijo el dr. Alberto Maturana.

Como muestra, Maturana dijo que el año 2010 es considerado como uno de los peores en cuanto a desastres naturales del pasado reciente. Chile fue uno de los protagonistas, con el recordado terremoto y tsunami del 27-F. “Ese año se perdieron más de 295 mil vidas y 130 mil millones de dólares en daños materiales, sólo tomando en cuenta cuatro acontecimientos: los terremotos en Chile y Haití, y las inundaciones en China y Pakistán”, dijo. A lo anterior se sumaron otros 300 mil fallecidos en Etiopía, víctimas de la hambruna y la sequía.

“Tragedia del Humo”

El experto recordó que la mayor catástrofe minera en un yacimiento metálico a nivel mundial ocurrió en Chile. Caratulada genéricamente como “La Tragedia del Humo”, involucró instalaciones de El Teniente, donde el 19 de junio de 1945 la mina fue afectada por un incendio en uno de sus accesos. Las condiciones de ventilación -de la entonces propiedad de Braden Copper Company- provocaron que el humo ingresara profusamente al socavón y galerías. Como resultado, 355 mineros se asfixiaron con monóxido de carbono. “Como parte de la compensación a sus familiares, se construyó la villa O’Higgins en Rancagua, conocida también como de Las Viudas”, recordó Alberto Maturana.

Los acopios mineros han afectado a la comunidad de Andacollo.

 “Entre los aprendizajes de esa catástrofe está la transformación de la mentalidad de la empresa y sus trabajadores con respecto a la seguridad que requiere el trabajo minero. Las mejoras fueron tan significativas que El Teniente ha ganado el premio internacional a la seguridad durante 14 años consecutivos”, dijo Maturana. Hasta la fecha, los trabajadores de El Teniente participan en una romería al cementerio para recordar a las víctimas y manifestar su preocupación permanente por la prevención de riesgos en las faenas. 

Tumbas de víctimas de "El Humo".

A este incidente, Chile suma el llamado “Aluvión del Cobre” que en 1965 sepultó un poblado de unas 200 personas, cerca de La Calera. Un sismo habría provocado el colapso del tranque El Cobre, perteneciente a mina El Soldado, de la compañía Disputada de Las Condes.  Los relaves formaron una costra que impidió rescatar a las víctimas.

“El desastre minero es como un iceberg”, recalcó Maturana, recordando los perjuicios ambientales de otro cisne negro, en Chañaral, ocasionado por relaves de Potrerillos. “La parte que no vemos son los efectos sociales, en la economía, en los recursos naturales y en el medio ambiente de la zona afectada”.

Legislación comparada

Sergio Montecinos, director del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, expuso los puntos de vista legales de los llamados “pasivos ambientales mineros”, resaltando que persiste “insuficiencia o vacíos” legislativos para enfrentar apropiadamente estos sucesos.

El abogado Montecinos diferenció los conceptos de daño ambiental, contaminación y pasivo ambiental. Este último se caracteriza por permitir medidas de remediación o saneamiento, que puede ser objeto de recursos de protección ante los tribunales y, dada su naturaleza latente, no prescribe. En tanto, la contaminación y el daño ambiental son conceptos de índole presente, en que el autor puede ser conocido o desconocido, y que requieren de un Plan de Prevención o Descontaminación, en el primer caso, y de una acción reparatoria o indemnizatoria, en el segundo.

Chañaral recibió los relaves de Potrerillos.

También enfatizó la utilidad de estudiar la legislación comparada. En este sentido, el director del Centro de Derecho Ambiental se enfocó en la experiencia de Estados Unidos y la Unión Europea. En el país del norte se dictó la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (Cercla, por sus siglas en inglés), también llamado “Superfund”. “La promulgación de esta norma fue antecedida por una serie de eventos que causaron conmoción en la opinión pública, que tuvieron su crisis cuando a súbita aparición de enfermedades en un barrio vecino a una industria abandonada motivó indagaciones que determinaron que la casas se había construido en terrenos contaminados con elementos tóxicos”, comentó Montecinos.

Explica que el “Superfund” debe su nombre a que la legislación incluyó un fondo multimillonario para pagar la descontaminación de sitios afectados, sin que las investigaciones hayan esclarecido la identidad de los autores. “Aunque en su inicio el aporte del Estado alcanzó US$1.600 millones, en 1986 era tal la cantidad de sitios que todavía requerían ayuda que el gobierno suplementó el fondo con US$8.500 adicionales”, dice Montecinos. La última asignación ocurrió en 1994, cuando se añadieron US$1.750 millones. Pese a lo abultado de las cifras, el experto destaca que en Estados Unidos “la remediación del 70% de los sitios dañados ha sido financiada por sus responsables”.

Las claves de la norma estadounidense, apunta Montecinos, están en dos criterios: “quien contamina, paga”, sobre la obligación de que las empresas se hagan cargo de sus efectos en el entorno; y la actuación inmediata para prevenir la expansión del daño, lo que se ha traducido como “Las palas primero, los abogados después”.

Europa, a su vez, cuenta con las normas de índole  ambiental agrupadas en el “Libro Blanco”. Aprobadas en el año 2000, determinan el procedimiento para la aplicación del principio “el que contamina, paga”. En tanto, la directiva 2004/35 –en vigencia desde 2007- establece la responsabilidad objetiva por actividades peligrosas y responsabilidad subjetiva por actividades no contempladas en la definición anterior.

Factores de riesgo inminente

Los factores que podrían gatillar situaciones complejas fueron delineados por representantes de  Sociedad Nacional de Minería, la Corporación de Bienes de Capital y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Entre las variables que más preocupa están la escasez y altos precios de la energía; la judicialización y falta de una política de zonificación productiva; y la necesidad de disminuir la incidencia de las enfermedades ocupacionales asociadas a la minería.

En Sewel desapareció un edificio tras una avalancha.

Otras ponencias del seminario estuvieron a cargo de Bernardita Fernández y Flavio Angelini, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Collahuasi  y Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco División El Teniente, respectivamente. Fernández se refirió a la necesidad de incorporar las redes sociales a la planificación comunicacional. En tanto, Angelini comentó estrategias adoptadas por la minera ante contingencias ambientales recientes.

En el caso de Angelini, esbozó el incidente ambiental que afectó a comunidades aledañas a un relave de El Teniente, sobre el cual concluyó que el cierre técnico u oficial de la gestión de una crisis no implica en caso alguno la finalización del trabajo de remediación, pues el acontecimiento permanecerá en la memoria de las personas por mucho más tiempo, generando actitudes distintas y más exigencias a las existentes con anterioridad.

La regulación en Chile

Según Sergio Montecinos, director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, la normativa aplicable incluye la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y el Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (recientemente actualizado).
Agrega que existe legislación específica para la actividad minera: el DS 148, referido al manejo de residuos peligrosos; el DS 248, sobre relaves, y la Ley 20.551, acerca del cierre de faenas mineras (reglamentada por el DS 41 de 2012.
En todo caso, el experto manifiesta que “aún falta un largo camino por afinar el contexto regulatorio” y, en cuanto a los Tribunales Ambientales, sostuvo que “será imposible que estas instancias solucionen todos los problemas”.

Catástrofes Mundiales

De acuerdo a datos del doctor Alberto Maturana, ex director de la Onemi y consultor en prevención de desastres, el peor accidente minero a escala internacional sucedió en China el año 1942. En total, el 26 de abril de ese año murieron 1.572 personas por una explosión en la mina de carbón de Hokeiko. Debido a la situación política, la información estuvo disponible en Occidente muy paulatina y tardíamente.
En Europa, en tanto, se recuerda  a las 1.099 víctimas de la catástrofe de Courrières, ocurrida en Francia en 1906. Muchas de las víctimas eran menores de edad. 
La forma en que las autoridades gestionaron la entrega de los fallecidos ha sido una de las más penosas que recuerde ese continente.

Octubre 2013.